En las últimas horas se han dado a conocer las repercusiones de diferentes sectores por la decisión del gobierno nacional de intervenir la empresa agroalimentaria Vicentin.
En el caso de la SRT (Sociedad Rural de Tucumán), su presidente, Sebastián Murga señaló que una vez más la entidad se muestra disconforme con esta medida que viene a sumarse a una serie de hechos poco beneficiosos para el sector agropecuario.
“En este caso, la situación se ha desencadenado en algo que sospechábamos, la intención del gobierno nacional de echar mano en una empresa privada mediante una expropiación definitiva” expresó.
Para el dirigente, la salida está en recurrir a diputados y senadores para que intervengan ante este incumplimiento de la constitución. “Si resulta necesario estamos dispuestos a colaborar y asistir a reuniones presenciales, porque el camino es ponernos a trabajar para evitar este tipo de medidas que carecen de argumentos” dijo.
Además, opinó que el gran inconveniente que tenemos los argentinos es la falta de administración nacional y los gastos político y público que generan pobreza y desocupación.
“Este tipo de intervenciones trae como consecuencia la caída de acciones, el impacto de la medida va a ser importante, la falta de seguridad jurídica y de previsibilidad tiene un costo altísimo y, como siempre, lo van a pagar los sectores más vulnerables de nuestro país” manifestó con preocupación.
Entre las consecuencias de la medida, destacó la aceleración de la inflación perjudicando a los sectores que el gobierno dice proteger, la desinversión, la falta de tratados internacionales y la imposibilidad de que nuevas inversiones vengan a establecerse en Argentina generando fuentes de trabajo.
En cuanto a Vicentín, Murga comentó que es una empresa familiar del interior del país con muchísimos años de trayectoria que emplea alrededor de 4000 personas. En los últimos años ha atravesado crisis económicas llegando en este caso a una convocatoria de acreedores.
A pesar de dicha crisis, y sumando las dificultades que ha provocado la pandemia del Coronavirus, Vicentín no ha despedido a ninguno de sus trabajadores, y todos ellos han cobrado sus salarios en tiempo y forma.
“El hecho de que, por una crisis financiera, el gobierno intente expropiar una empresa privada, genera preocupación en el resto del sector empresarial. Es un tema que debería ser tratado por la justicia contemplando las leyes laborales, y no que el poder ejecutivo intervenga directamente, es una medida anticonstitucional y confiscatoria” sentenció.
Opinó también que los problemas de una empresa privada pueden resolverse de manera interna vendiendo acciones, buscando nuevas alianzas o a través de la justicia. Sin embargo, el ejecutivo ha tomado la medida menos acertada que es la intervención con la posibilidad de expropiación.
“Esto atenta contra la sociedad argentina, no contra el sector agropecuario. Es muy importante transmitir esto para que la gente sepa que no nos ocupa solamente el sector agropecuario, sino que es un problema de abusos de poderes del estado que atentan contra la sociedad en su conjunto” indicó.
Murga destacó que las intenciones del gobierno son claras, esta empresa no es la única que intentó ser confiscada, sino que el gobierno intentó también echar mano sobre el mercado de granos a través de la Junta Nacional de Granos que fue un fracaso en nuestro país en otros gobiernos.
“La ley ya se está enviando al Congreso por lo tanto lo que nos queda es dirigirnos a diputados y senadores tucumanos y brindarles argumentos para rechazar la medida, es el camino que vamos a seguir por el momento” concluyó.
Por su parte, Osvaldo Martín, Presidente de APRONOR, estuvo de acuerdo con las declaraciones del presidente de la SRT señalando que, Vicentín podría haber resuelto sus problemas de manera interna, y en el caso de ir a la quiebra, existen otras empresas interesadas en adquirirla.
Opinó, además, que el gobierno nacional no cuenta con políticas claras y desde que asumió no ha parado de implementar medidas que perjudican al sector productivo.
Con respecto a Vicentín, Martín declaró que tiene todas las herramientas para enjuiciar al estado, lo que le costaría al país millones de dólares.
“El estado habla de soberanía alimentaria y de que argentina produce alimento para 400 millones de personas, sin embargo, si existieran políticas agropecuarias acordes, la producción sería realmente viable y eficiente” señaló.
Además, analizó la posición del gobierno que se encuentra en un importante déficit fiscal, y deberá solventar una empresa que tiene una cantidad importante de acreedores.
“El país tiene deudas que no puede pagar, y toma la medida de expropiar una empresa con más deudas aún. Quizá piensan solventarla emitiendo más dinero y generando más inflación” expresó.
Martín comentó que, desde Apronor se interpreta que, al haber fracasado en la propuesta de restablecer la Junta Nacional de Granos unos meses atrás, el gobierno ha buscado otras alternativas para intervenir en la comercialización de granos que es un mercado transparente.
“Hay muchas empresas convocadas, sin ir más lejos, muchos ingenios tucumanos lo han estado, y el gobierno no los ha expropiado. No están tratando de salvar productores, están tratando de intervenir la comercialización de granos para controlar la entrada de divisas al país” expresó.
Con respecto a Vicentín, el dirigente opinó que es una empresa muy endeudada y debe debe seguir el proceso normal que dictamine la justicia y no ser intervenida por el estado.
Expresó además gran preocupación por el resto de las empresas que se encuentran en crisis similares sin saber si el estado va a echar mano también sobre estas.
“No entendemos a dónde quiere llegar el gobierno nacional. Su preocupación urgente debería ser cómo reducen su déficit fiscal y controlan la inflación, cómo hacen para generar más trabajo y reducir la menos pobreza” dijo.
Según Martín, las medidas que el gobierno nacional ha tomado desde diciembre en adelante, han hecho inviable la producción de granos en muchos sectores del norte argentino. Tal es así que en 2020 se ha registrado un crecimiento del área cañera provincial, como consecuencia de lotes que se destinaban a la producción de granos y hoy han optado por volcarse a otras actividades.
Comunicado completo de Vicentín S.A.I.C.
Desde diciembre de 2019, el Directorio de Vicentín viene explorando distintas alternativas para refinanciar su deuda y recobrar el nivel de operación que supo tener en el pasado, que de ninguna manera se remonta a los últimos 4 años, sino que puede medirse en décadas de esfuerzo e inversión. Vicentin tiene 90 años de historia en Argentina. Noventa años de cumplir siempre co nuestros trabajadores, nuestros proveedores y nuestros clientes.
Los activos de la empresa son muy importantes y están intactos. Todos los que participan en esta actividad, lo saben perfectamente. No se ha despedido durante todo el proceso a un solo trabajador. Más allá de que muchos no han podido trabajar por la pandemia, todos han cobrado como corresponde.
Entre las alternativas en análisis, siempre estuvieron la venta de activos, y la asociación con compañías nacionales.
Entre esas opciones nos parece razonable involucrar a YPF Agro. Todos sabemos lo que representa YPF para argentina en el negocio de hidrocarburos, pero tambien tiene una vinculación muy importante con nuestro Agro, por lo cual en ningún momento descartamos que puede ser un actor importante en el futuro de Vicentin.
El camino elegido nos llena de incertidumbre y preocupación, nos hemos enterado de la decisión por los medios y estamos realizando las consultas necesarias para entender las características y la profundidad de las medidas anunciadas.
EL DIRECTORIO DE VICENTIN